El asesinato de líderes sociales en Colombia, cuya cifra supera los 500 en los últimos tres años, es una "acción sistemática" que busca acabar el acuerdo de paz firmado con las FARC, aseguró este sábado a Efe el senador de izquierdas Iván Cepeda.

El más reciente de estos ataques, ocurrido ayer en Tierralta, en el departamento de Córdoba, tiene en estado de choque a los colombianos por la crueldad de los asesinos, que mataron a tiros a una joven mujer trabajadora delante de su hijo de nueve años.

La imagen del niño llorando desesperado frente al cadáver de su madre incendió las redes sociales en medio de la indignación general por la incapacidad del Gobierno para contener el baño de sangre y combatir la impunidad que impera en estos crímenes.

"Aquí estamos asistiendo a una acción sistemática para frustrar el proceso de paz y las reformas y cambios que trae", dijo Cepeda en una entrevista telefónica con Efe al comentar el asesinato de la mujer, identificada como María del Pilar Hurtado Montaño, de 36 años, a quien desconocidos le dispararon desde una motocicleta.

Para Cepeda, hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994 por grupos paramilitares, lo que ocurre hoy con los líderes sociales en Colombia tiene variables frente al exterminio del que fue objeto el partido Unión Patriótica (UP), del que hizo parte su padre.

"Cada espiral de violencia tiene un contexto social y político distinto, a pesar de que las consecuencias en términos humanitarios son nefastas en ambos casos", explicó al respecto.

La UP se creó en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente colombiano, Belisario Betancur, con la guerrilla de las FARC, pero en los años siguientes ese partido fue víctima de un genocidio en el que fueron asesinados más de 4.000 de sus militantes, incluidos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990).

"El caso de María del Pilar Hurtado es el de campesinos que reclaman tierras y lo hacen en este caso, al parecer, invadiendo un terreno del padre del alcalde del municipio de Tierralta, quien se ha apresurado a decir que ella no era una líder social", denunció el senador.

A juicio de Cepeda, miembro de la Comisión de Paz del Congreso, con esta acción el mandatario local, Fabio Otero, "intenta echarle un manto de impunidad a este asunto".

El desangre a cuentagotas que vive Colombia después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, el 24 de noviembre de 2016, es difícil de cuantificar por la dificultad para acceder a información sobre los asesinatos, por lo cual la cifra de líderes sociales que han perdido la vida varía según los datos de distintas organizaciones.

Para la ONG Somos Defensores, entre 2016 y 2018 fueron asesinados 341 líderes y defensores de derechos humanos, y 25 más murieron en el primer trimestre de 2019.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo calcula que son 431 los casos registrados desde que el Gobierno nacional y las FARC firmaron la paz.

También, la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica publicaron recientemente el informe "Todos los nombres, todos los rostros", en donde aseguran que 702 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC fueron asesinados desde 2016.

A juicio de Cepeda, "estos hechos muestran claramente un patrón establecido porque las personas que se están enfrentando a los poderes no solamente mafiosos y narcotraficantes sino a los poderes de quienes ostentan las tierras que han sido usurpadas al campesinado, están siendo asesinadas".

Para llevar a cabo estas acciones, los mandantes utilizan "un mercado criminal en el cual aparecen las bandas de disidentes que se han conformado después de los procesos de paz", afirmó el senador.

Tras el asesinato de María del Pilar Hurtado, la ciudadanía ha criticado la falta de acción del Gobierno del presidente Iván Duque para ofrecer garantías a la vida de los líderes sociales y a exguerrilleros de las FARC que también son blanco de la orgía de sangre.

En ese sentido, Cepeda consideró que el Gobierno "tiene una retórica para complacer y disimular su absoluta falta de acción real para contrarrestar estos asesinatos".

La prueba de ello es que este año "ha sido asesinado prácticamente un líder social cada dos días", aseveró.

Duque, que está desde el pasado 16 de junio en una visita al Reino Unido, Francia y Suiza, condenó hoy lo ocurrido en Tierralta en varios mensajes en su cuenta de Twitter.

"Condenamos atroz crimen de María del Pilar Hurtado Montaño en Tierralta, Córdoba. Nos duele profundamente la tristeza y el sufrimiento de su hijo. Nuestra solidaridad con sus familiares. Solicité a autoridades acciones inmediatas para dar con responsables de este repudiable hecho", manifestó el gobernante, que regresa mañana a Colombia.

De acuerdo con Cepeda, ya se ha establecido por parte de las autoridades que los asesinatos de líderes "no están ocurriendo en todo el territorio nacional" sino en "siete u ocho lugares en donde se concentra el 70 % de los casos".

Por lo anterior, consideró "incomprensible" que no se estén llevando a cabo "planes de acción integral por parte del Estado", lo cual "no implica más presencia militar" sino que "estén presentes los organismos de control y la Fiscalía para implementar el acuerdo de paz".

Según las estadísticas, las zonas del país en donde más han sido asesinados líderes sociales son el Catatumbo, fronterizo con Venezuela; el norte del departamento del Cauca (suroeste); el Chocó, en la región del Pacífico; Antioquia (noroeste) y el Caribe, todos lugares con una fuerte presencia de grupos guerrilleros, bandas criminales y grupos de origen paramilitar.

EFE